Con la proclamación de la República en España en 1931, se inició en España un periodo intenso de reformas y transformación social. El ejército de la Monarquía que heredó el gobierno de la República era una entidad anticuada, hipertrofiada en la cúpula y cuyos oficiales en su mayoría se alineaban políticamente con la monarquía. El excesivo número de oficiales hacía que los ascensos fueran lentos. Las guerras en África brindaron a algunos oficiales la oportunidad de ascender rápidamente, algo que perjudicaba a los oficiales, que quedaban relegados en el escalafón.

Al formarse el nuevo gobierno, Azaña era de las pocas personalidades políticas de talla que tenía un cierto conocimiento sobre la situación del ejército y eso hizo que pareciera natural su nombramiento como Ministro de la Guerra.

Azaña parecía tener una idea clara de las reformas que necesitaba el ejército con la finalidad de principal de despolitizarlo y convertirlo en un ejército subordinado al poder político y además mejorar su eficacia y eficiencia con una función que se consideraba que debía ser esencialmente defensiva y estática. El modelo aceptado en toda Europa en los años iniciales de la década de los años 30 era el ejército francés, que se consideraba tanto por sus aspectos técnicos como por su doctrina militar como el más avanzado de Europa después de la victoria de Francia en 1918.

Azaña inició las reformas militares al poco tiempo de estar en el gobierno. El 25 de abril de 1931 (apenas 11 días después de la llegada de Azaña al ministerio) se promulga el primer decreto de calado[1] ofreciendo a generales, jefes y oficiales la opción de pasar al retiro voluntario cobrando el sueldo íntegro. El objetivo era reducir el número de oficiales y se consiguió acogiéndose al retiro aproximadamente un 35% de la oficialidad.

Dado que existía un claro consenso sobre el excesivo número de oficiales, esta medida fue bien acogida en general. No ocurrió lo mismo con otras medidas como la limitación de la jurisdicción militar a los delitos estrictamente militares (hasta ese momento, los tribunales militares podían entender sobre ciertos delitos cometidos por civiles) y la integración de la Justicia Miliar en el sistema judicial civil, que generaron oposición en medios monárquicos y conservadores.

Otra reforma que causó polémica fue la eliminación de las regiones militares y las capitanías generales que las gobernaban. Los Capitanes Generales han sido definido por diversos autores casi como virreyes porque que eran la única autoridad del estado a nivel multiprovincial (la autoridad de los gobernadores civiles se limitaba a la provincia bajo su mando) y tenían funciones que iban más allá de lo militar. Las regiones militares fueron sustituidas por Divisiones y el rango militar más alto fue el de General de División, con funciones estrictamente militares.

Estas dos medidas estuvieron entre las de mayor calado ya que buscaban apartar a los militares de asuntos judiciales, sociales, políticos y de orden público para que se concentraran en la defensa nacional quedando subordinados al poder civil.

Azaña reestructuró también las escalas de oficiales unificando las dos escalas existentes eliminando las diferencias entre los oficiales que habían iniciado su carrera como oficiales y los que habían accedido a ese rango desde escalas inferiores. Esta reforma no gustó a los primeros puesto que se consideraban en cierto modo superiores a los oficiales “chusqueros”, que hasta entonces no podían superar el rango de Comandante.

Otra que parecía dirigida a los oficiales más conservadores fue la anulación de la antigüedad (aunque no de los ascensos) obtenida por méritos de guerra. Algo que había beneficiado los oficiales de determinadas armas, que participaron en la Guerra de África, en detrimento de los de otras armas y cuerpos que no habían tenido ocasión de beneficiarse de ellos.

La reestructuración de las academias con la supresión de la Academia General Militar (por que la que antes debían de pasar todos los oficiales) y la distribución de las enseñanzas en academias especializadas fue también criticada desde ciertos ámbitos políticos y militares.

Con la llegada al gobierno de la república de los gobiernos de centro-derecha, sólo se retiraron algunos de los aspectos más polémicos de las reformas, pero otros se mantuvieron (al contrario de lo que ocurrió con otras reformas). Este hecho ha sido entendido por algunos autores como un testimonio de lo acertado de las reformas, aunque otros lo han considerado una prueba de la debilidad de las reformas, que fueron lo suficientemente incisivas.

Lo cierto es que estas reformas se presentaron como una base inicial sobre la que se deberían aplicar de modernización del ejército, que no pudieron ser aplicadas por falta de presupuesto y por inestabilidad política de los años previos a la guerra civil.

Bibliografía

Alpert, Michael. 1983. «Una reforma inocente: Azaña y el ejército». Studia historica. Historia contemporánea, n^o 1: 31-40.

Cardona Escanero, Gabriel. 1988. «La política militar de la II República». Historia contemporánea, n^o 1: 33-46.

Huerta Barajas, Justo A. 2016. Gobierno y administración militar en la II República Española: 14 de abril de 1931/18 de julio de 1936. Primera edición. Derecho histórico. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

López Ramón, Fernando. 2009. «Las reformas militares de Azaña». En Las reformas administrativas en la II República, 2009, ISBN 978-84-7351-287-9, págs. 89-94, 89-94. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Roldán Cañizares, Enrique. 2016. «Las reformas militares durante la II República: un asunto político.» Revista internacional de pensamiento político, n^o 11: 403-19.

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[1] El 22 de abril anterior se había publicado el primer decreto sobre aspectos militares relativo la promesa de fidelidad a la República por el Ejército. La legislación más relevante relativa a las reformas militares durante la república ha sido recogida por Huerta Barajas en Gobierno y administración militar en la II República Española.